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Elementos No. 73, Vol. 16, Enero - Marzo, 2009, Página 33
Las aristas socio-políticas de los recursos naturales: el gas natural como factor clave en las relaciones argentino-bolivianas

Natalia Ceppi                 Descargar versión PDF



Los acontecimientos de la Guerra del gas, primero, y los artificios del referéndum, después, trasladaron el conflicto ambiental de los pobladores que viven en la boca del pozo a la concienciación de la población urbana en torno a la recuperación de los recursos…Bolivia vive una época que deberá enfrentar con valentía.

Marc Gavaldá Palacín (2005:66)



Desde tiempos históricos, la República de Bolivia se ha caracterizado por tener profundas divergencias materiales y simbólicas, convirtiéndose en un Estado en el cual la heterogeneidad es un rasgo definitorio de su sociedad. De esta manera, Bolivia reproduce la imagen de varios países de América Latina, cuyos tejidos sociales se encuentran marcados abiertamente por las diferencias. Diferencias que se presentan tanto en la distribución de los beneficios económicos como en la multiplicidad de comunidades aborígenes que, conjuntamente con la población blanca y mestiza, le otorgan al Estado andino un particularismo societal casi único.
    Dentro de este contexto, los recursos naturales, particularmente los hidrocarburos, detentan un lugar de suma importancia, ya que la historia del país se ha encontrado signada por las decisiones políticas tomadas con relación a los mismos. Bolivia, al poseer las mayores reservas de gas natural de Sudamérica, ha establecido sus relaciones externas en virtud de su explotación y comercialización. No obstante, al interior de su sociedad, las regalías gasíferas no han logrado impedir la existencia de grandes tensiones y conflictos, principalmente ante los altos niveles de pobreza y de desigualdades socio-económicas. Pobreza y desigualdad que también poseen sus raíces en el tratamiento del gas natural.
    Las decisiones presidenciales tomadas en torno a los hidrocarburos durante los años noventa generaron las dos caras de una misma moneda. Por un lado, la reducción del accionar estatal en la temática energética y, por otro, el quiebre de los lazos históricos entre el pueblo boliviano y sus recursos naturales.
    Sin embargo, los primeros años del siglo XXI, serían testigos de ciertos cambios en materia político-económica, que hasta el día de hoy, continúan ocasionando grandes conflictos en el seno de la sociedad boliviana. En mayo de 2006, Evo Morales decretó la “nacionalización” de los hidrocarburos, reavivando las tensiones históricas en torno de los recursos naturales. Es decir, las demandas de esa mayoría poblacional indígena se contraponen con los reclamos de aquellos departamentos que vieron reducida su participación en las regalías del gas y el petróleo.
    En sus vínculos con Argentina, los cambios en el ámbito gasífero ocasionarían instancias de acercamiento como de tensión, fundamentalmente ante la dependencia que dicho país posee con respecto al gas boliviano. Así, la crisis energética argentina y sus consecuencias (fundamentalmente en el período 2003-2004), la reformulación de los contratos bilaterales y los sucesos acontecidos al interior del país andino, pusieron en evidencia el innegable sentido socio-político de este recurso natural.

LAS DECISIONES EN TORNO AL GAS NATURAL Y LOS RECLAMOS SOCIALES DEL PUEBLO BOLIVIANO

Realizando un breve recorrido por la historia del Estado andino en lo que respecta a los hidrocarburos, es evidente que éstos han sido los protagonistas en torno de los cuales los diferentes gobiernos han decidido y accionado en el escenario político interno y externo del país. Teniendo en cuenta que Bolivia posee una de las mayores reservas de gas natural de América del Sur, la temática energética ha sido un factor prácticamente determinante en el devenir económico del país. Sin embargo, el gas natural y el petróleo también revisten connotaciones políticas y sociales. En este sentido, debe destacarse que desde los años noventa hasta la actualidad, los hidrocarburos generaron importantes acontecimientos que alterarían las maneras tradicionales de relación entre el pueblo y el Estado boliviano. En una sociedad con escasos márgenes de movilidad social, esa mayoría indígena y campesina históricamente relegada encontraría a través de los recursos naturales el instrumento de reclamo de verdaderas políticas de inclusión.
  El primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), máximo exponente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr), constituyó el primer paso de todo un proceso de reducción de la presencia del Estado en sectores claves de la economía.1 Los denominados ajustes y reformas estructurales, que apelaban discursivamente a mejorar los índices económicos del país así como la calidad de vida de sus habitantes, potenciaron las fracturas y desigualdades socio-económicas del mismo. En palabras de Gavaldá, las medidas iniciadas por Sánchez de Lozada fueron acrecentando el accionar de las empresas multinacionales en territorio boliviano en detrimento de los intereses nacionales. Fue el propio Estado quien asumió un “rol de defensa de lo extranjero”.2
    La ley 1544 de 1994 o “Ley de Capitalización” marcó el puntapié inicial de la puesta en marcha de medidas neoliberales que generarían que la actividad hidrocarburífera boliviana quedara en manos privadas en menos de una década.3 A través de dicha ley, empresas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL); la Empresa Nacional de Ferrocarriles (enfe); la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Empresa Metalúrgica Vito, son autorizadas para concretar acuerdos que las conviertan en sociedades mixtas.4 De esta manera, en el caso de los recursos energéticos, como sostiene Recce, ypfb se transformó de ser una empresa estatal, a una abierta a la participación de los capitales de las transnacionales. Consecuentemente, el rol empresarial de ypfb sería paulatinamente reducido, ya que los consorcios establecidos serían los encargados de explorar, explotar y comercializar el petróleo y el gas natural.5 Si bien, la “Ley de Capitalización” no quedó excluida de las críticas y de las resistencias de trabajadores, campesinos y comunidades indígenas, Sánchez de Lozada no tardó en fomentar el modelo socio-económico inequitativo que él mismo había generado.
   El 30 de abril de 1996 se promulgó la Ley 1689, también conocida como “Ley de Hidrocarburos” o “Ley de Contratos de Riesgo Compartido”. Por medio de la misma, el Estado boliviano conservaba la propiedad de los hidrocarburos, pero ypfb debía “necesariamente” celebrar contratos de riesgo compartidos con “personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras” para las tareas de exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos.6 El consorcio conformado por Transredes S.A., Chaco S.A. y Andina S.A., fueron las que detentaron el control del paquete accionario. No conforme con la implantación de la Ley 1689, un año después, el representante máximo del Poder Ejecutivo, determina a través del Decreto Supremo N. 24806, prácticamente el broche de cierre de la transferencia de la propiedad de los recursos naturales del Estado a las empresas extranjeras. Al conceder la titularidad efectiva de los hidrocarburos a las transnacionales en boca de pozo, les otorgó de forma total su propiedad, excluyendo así a YPFB de casi todas las etapas de la cadena productiva.7 De este modo, Gonzalo Sánchez de Lozada, concluye su primer mandato en un país en el cual, los beneficios de las privatizaciones sólo alcanzaron a unos pocos.
    Si bien las elecciones presidenciales de 2002 le otorgaron el triunfo nuevamente a Lozada, no debe olvidarse que para dicha fecha, el escenario socio-político tendría –en comparación con años anteriores– características muy diferentes. Sus resultados modificaron el tradicional espectro electoral. El Movimiento al Socialismo (MAS), formado primeramente como organización sindical,8 obtuvo el segundo lugar –con el 20.9% de los votos– en el ámbito nacional. Este hecho, conjuntamente con el ingreso al Parlamento de representantes indígenas y campesinos –a pesar de que Evo Morales terminó siendo expulsado– marcaría los comienzos incipientes de una sociedad que intentaba reconstruir los vínculos representante-representado.
    Los cuestionamientos sociales a las políticas de privatizaciones, la falta de equidad en la redistribución de las regalías hidrocarburíferas y el incumplimiento de la reforma constitucional de 1994, en la cual se reconoce los derechos de las comunidades indígenas y campesinas sobre sus tierras, condicionaron la renuncia de Sánchez de Lozada en octubre de 2003. La llamada Guerra del gas representaría –hasta los actuales conflictos entre el oficialismo y los prefectos departamentales autonómicos– el punto máximo de movilización social contra esa elite gubernamental.9 Septiembre y octubre de 2003 fueron los meses testigos de los rechazos más explícitos a las consecuencias de las desmedidas reformas neoliberales que trajeron la ruptura entre el pueblo boliviano y su apego a los recursos naturales. Además, no debe dejarse de mencionar que los intentos de exportación de gas natural por parte del Ejecutivo, a través de puertos chilenos, enardecieron los reclamos de campesinos, indígenas y mineros, quienes actualmente siguen bregando por la salida marítima de Bolivia.10
    La lucha entre las fuerzas policiales enviadas por Sánchez de Lozada y los manifestantes se tradujo en una situación de violencia y muertes, teniendo su impacto en la dimisión del primer mandatario y el ascenso de la figura de Carlos Mesa (vicepresidente de Lozada) al poder de la República.
A pesar de que el nuevo mandatario había prometido poner en marcha ciertos cambios al modelo de hidrocarburos implementado por su antecesor, los hechos terminaron por demostrar que, en realidad, los cambios fueron casi nulos. En julio de 2004, aplicando la Constitución Nacional del Estado, Carlos Mesa convoca a un referéndum vinculante sobre el gas natural y el petróleo. En dicha ocasión, si bien se le consultó al pueblo boliviano sobre cinco puntos referidos a la cuestión energética, el tema más candente se relacionaba con el papel que debería tener YPFB y la tan cuestionada Ley 1689.11
    Así, haciendo uso del referéndum como herramienta de participación ciudadana, los bolivianos se pronunciaron claramente sobre la cuestión hidrocarburífera. Con porcentajes que oscilaron entre el 55% y el 92% –según la pregunta que se tratara– el pueblo del país andino votó a favor de la derogación de la Ley de Lozada, la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos por parte de YPFB a partir de la boca de pozo y el incremento de los impuestos a las transnacionales que explotan y comercializan el gas y el petróleo, entre otros.12 No obstante y a pesar de los resultados del referéndum (los cuales eran previsibles), la sociedad boliviana fue testigo de cómo los mismos quedaron sólo en palabras.
    Carlos Mesa decidió poner en tratativas con el Congreso Nacional, un nuevo proyecto de ley en materia energética. Finalmente, en un contexto cargado de ambivalencias e interrogantes, el primer mandatario decidió no vetar ni promulgar la ley de hidrocarburos,13 ya que la presión ejercida por las multinacionales para evitar el alza en el pago de impuestos se enfrentó con los reclamos de la recuperación de la soberanía sobre los hidrocarburos bolivianos. Ahora bien, al regresarla al Congreso sin vetarla y sin modificaciones, la Ley terminó siendo promulgada. En pocas palabras, esta situación se constituyó como un aliciente para aquellos sectores mayoritarios que se habían movilizado a través del mas. Desde dicha óptica, la recuperación de la propiedad de los recursos naturales, mediante la nacionalización, se convertiría en un medio por el cual, el poder y los beneficios económicos serían redistribuidos más equitativamente.
   Las movilizaciones para la nacionalización del gas y el petróleo no se hicieron esperar y de cierta manera, contribuyeron para que se repitieran los acontecimientos políticos de octubre de 2003. En junio de 2005, Carlos Mesa presentó su renuncia en el Congreso y fue designado Eduardo Rodríguez Veltze como su sucesor. Rodríguez Veltze convocó a elecciones presidenciales el 18 de diciembre de 2005. Sus resultados se plasmaron en el ascenso de Evo Morales al poder de la nación.
   El MAS, con un discurso tendiente a incluir a aquellas comunidades indígenas y campesinas, buscaba también redefinir los vínculos entre Estado-sociedad, haciendo hincapié en la igualdad de derechos, los lazos entre el pueblo boliviano y los recursos naturales y una verdadera representación política.
   En cuanto a los hidrocarburos, el 1 de mayo de 2006, Evo Morales estableció por decreto presidencial la nacionalización de los mismos. De este modo, el Estado boliviano recupera a través de YPFB la participación del 51% en el ámbito energético y consecuentemente el control de la cadena productiva.14 En cuanto a los contratos con las empresas extranjeras que habían sido firmados con anterioridad, fundamentalmente durante la presidencia de Sánchez de Lozada, debieron ser renegociados.
  Para las comunidades indígenas y campesinas, independientemente del incremento en la participación de las regalías de las exportaciones de hidrocarburos (que determinó Evo Morales), la nacionalización de los recursos energéticos estuvo profundamente moldeada por un sentido simbólico. Implicó, entre tantas cosas, la “materialización” de demandas cuyos orígenes se remontan a décadas; el fortalecimiento de la relación identitaria y el restablecimiento de los tradicionales lazos entre el pueblo boliviano y los recursos naturales.

EL GAS NATURAL EN LAS RELACIONES DE ARGENTINA Y BOLIVIA

Al interior de Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos generó ciertas asperezas (las cuales persisten en la actualidad) entre el oficialismo y los departamentos de la llamada “media luna” rica, es decir, Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, entre otros. Estas asperezas encuentran su razón de ser no sólo en cuestiones étnicas y culturales, sino también por el control de los recursos naturales generando, como sostiene Mayorga, una postura gubernamental que articula lo moderado y lo radical.15
    La recuperación de la presencia del Estado en la temática hidrocarburífera trajo una reducción de la participación de los departamentos autonómicos en los beneficios que derivan de su comercialización. Muy vinculado a esto se encuentran, precisamente, los pedidos de autonomías. Cuando un departamento alcanza la autonomía posee facultades propias para administrarse y legislarse, por lo cual también se contempla la potestad sobre los recursos naturales. Los sucesivos enfrentamientos entre el mas y los prefectos departamentales, desde que estos últimos llamaron a referéndum autonómico,16 han enardecido el escenario social boliviano, generando interrogantes en lo que respecta a la posibilidad de encauzar el conflicto hacia una verdadera solución.
    En sus relaciones con Argentina, debe decirse que los recursos naturales, particularmente el gas natural, se han convertido en un elemento prácticamente estructurador del vínculo bilateral. La abundancia energética boliviana y la dependencia y escasez argentina se han conjugado para acercar a estos dos vecinos. La fuerte crisis energética que atravesó Argentina durante el período 2003-2004 puso de manifiesto la falta de prevención del país para hacer frente a un acontecimiento de estas características y, a su vez, tuvo su proyección internacional en el incumplimiento de los contratos de venta de gas a Chile y la correspondiente “molestia” por parte de Bolivia.17
   Así, para paliar de cierta manera la vulnerabilidad gasífera, representantes de Argentina firmaron en julio de 2005, en Santa Cruz de la Sierra, una ampliación de las compras de gas natural proveniente de Bolivia, manifestando la posibilidad de aumentar los volúmenes exportables con el correr de los meses.18
   Sin embargo, las decisiones de Evo Morales en torno a los hidrocarburos, a partir de la “nacionalización”, llevaron a que ambos países volvieran a replantearse las condiciones político-económicas de su relación. En palabras de Evo Morales, los precios de los contratos gasíferos bilaterales, debían redefinirse ante el incremento de sus valores en el mercado internacional. Por otro lado, vale la pena recordar que las tensiones entre el oficialismo y la oposición departamental comenzaron a cobrar otros matices cuando en agosto de 2006 la Asamblea Constituyente inició sus actividades para otorgar a Bolivia una nueva Constitución Política. Constitución que remarca su rechazo a las autonomías departamentales y asegura a esos pueblos indígenas y de origen campesinos, una firme participación en la explotación de los recursos naturales del Estado.
  Debido a estas circunstancias, Bolivia y Argentina renegociaron los contratos por los hidrocarburos en octubre de 2006. Por un período de 20 años y un volumen de compra en incremento hasta llegar a más de 27 millones de metros cúbicos diarios para el año 2010,19 Evo Morales y el ex presidente Néstor Kirchner cerraron el acuerdo binacional en un ambiente de elogios mutuos.
   No obstante, la turbulencia social que caracteriza a Bolivia, prácticamente desde que Evo Morales llevó a la práctica sus promesas de campaña, tanto por las medidas en los hidrocarburos, como por la aprobación de la Constitución Nacional, han obstaculizado el cumplimiento en tiempo y forma de lo acordado. Así, teniendo en cuenta la condición deficitaria argentina en materia de gas natural, sucede que cuando de recursos naturales se trata, las relaciones con otro Estado cobran una dinámica de cooperación, pero también de tensión, principalmente por los impactos políticos y sociales que devienen de su respectiva gestión.

REFLEXIONES FINALES

El pasado y el presente de la República de Bolivia han estado moldeados por la diversidad, la heterogeneidad y, consecuentemente, por las tensiones y los conflictos. Las diferencias que están presentes no sólo en cuestiones materiales, sino también en el ámbito de lo simbólico, se han fortalecido debido a las decisiones presidenciales tomadas en temas claves para el país andino.
    Las medidas en los hidrocarburos llevadas a cabo durante los años noventa significaron en el aspecto económico, la transferencia de la propiedad estatal de los recursos energéticos a empresas extranjeras. Estas políticas, que lejos estaban de mejorar y potenciar la economía boliviana, llevaron a que los índices de pobreza y estancamiento se acrecentaran. Paralelamente, fueron dichas políticas los caldos de cultivo para que los sectores indígenas y campesinos –tradicionalmente excluidos– encontraran en el gas natural y el petróleo, el medio de lucha para bregar por un modelo socio-económico de tintes más equitativos.
    En palabras de Evo Morales, la enajenación de los recursos naturales del pueblo boliviano contribuyó a la dimisión de dos mandatarios presidenciales que lejos estaban de representar a los intereses de la mitad más uno de la población.
    Por otro lado, el fortalecimiento del mas como partido político posibilitó, con el ascenso de Evo Morales a la presidencia, poner en marcha dos medidas claves –la Carta Magna de diciembre de 2007 y la nacionalización de los hidrocarburos– que establecerían un punto de inflexión en la relación Estado-sociedad. Las tensiones por la “nueva” Constitución Política dejan entrever los grandes obstáculos que deben superarse para que reivindicaciones prácticamente contrapuestas como las del oficialismo y las provenientes de los departamentos autonómicos puedan convivir en el texto constitucional. Hecho que en realidad, si no hay verdaderas instancias de diálogo, se presenta con escasas oportunidades de viabilidad.
  La nacionalización de los recursos energéticos representó para el Estado boliviano la recuperación de su papel en un sector primordial de la economía del país. A partir de esto, los pedidos de inclusión de la mayoría poblacional tendrían su correlato económico y social a través del incremento de su participación en las ganancias provenientes de las exportaciones gasíferas.
    Por último, con respecto a la relación argentino-boliviana, el gas natural ha operado como un elemento de acercamiento entre ambos países, teniendo en cuenta las características estructurales propias de cada uno. Si bien pueden marcarse ciertos momentos de acercamiento, los cuales pueden encontrarse en las continuas renovaciones de los contratos gasíferos, también es una realidad que cuando algunos hechos dificultan cumplir con lo convenido, el gas natural pasa a presentarse como un punto de discordia. De este modo, se pone de manifiesto que, a pesar de que explícitamente no se establezca, los recursos naturales son puntos “sociopolíticamente” sensibles en las agendas externas de cualquier Estado.

N O T A S

1 Villegas Quiroga C. Rebelión popular y los derechos de propiedad de los hidrocarburos. OSAL 12, año IV (2003) 28.
2 Gavaldá Palacín M. Los conflictos ambientales del gas boliviano. Íconos 21 (2005) 58. Disponible en Internet en: 

<http://168.96.200.17/ar/libros/ecuador/flacso/iconos/ICONOS%2021/Iconos21COMPLETA.pdf#page=57> (consultado en agosto de 2008).
3 Villegas Quiroga C. Op. cit., 31.
4 Véase Art. 4 de la Ley 1544. Disponible en Internet en
:
spvs.gov.bo/NR/rdonlyres/7BABFFDC-04AD-4AAF-B2D6-6D8F4AD4A8F1/1164/LeyCapitalizacion.pdf> (consultado en agosto de 2008).
5 Recce J. La significación del gas para la construcción de la política exterior boliviana. E-Book 2, CAEI (2006) 38-39. Disponible en Internet en
<http://www.caei.com.ar/ebooks/ebook2.pdf> (consultado en agosto de 2008).
6 Véase Art. 1 de la Ley 1689. Disponible en Internet en:
 <http://www.congreso.gov.bo/leyes/1689.htm> (consultado en septiembre de 2008).

7 Villegas Quiroga C. Op. cit., 29.
8 Quijano A. Estado-nación y movimientos indígenas en la región andina: cuestiones abiertas. OSAL 19, año VII (2003) 16.
9 Tapia L. La cuarta derrota del neoliberalismo en Bolivia. OSAL 17, año VI (2005) 2. Disponible en Internet en:
<http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal/Descargables/andinatapia.pdf/view> 
(consultado en sep­tiembre de 2008).
10 Gavaldá Palacín M. Repsol, la Guerra del Gas en Bolivia. Ecología y Política 26 (2003) 125. Disponible en Internet en:
<http://www.ecologiapolitica.info/ep/26.pdf#page=125> (consultado en septiembre de 2008).
11 Los cinco puntos contemplados en el referéndum fueron: 1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?; 2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?; 3. ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?; 4. ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?; 5. ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país; destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos? Para mayor información véase
(consultado en septiembre de 2008).
12 Para consultar los resultados del referéndum, véase:
<http://www.bolivia.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia21748.asp> (consultado en agosto de 2008).
13 Murphy M. Mesa no vetó Ley de Hidrocarburos. Disponible en Internet en:
<http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4557000/4557659.stm> 
(consultado en agosto de 2008).
14 Véase Decreto 28.701 de 2006 sobre la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Disponible en Internet en:
<http://www.elpais.com/articulo/internacional/Decreto/28701/nacionalizacion/hidrocarburos/aprobado/Gobierno/Bolivia/elpporint/20060502elpepuint_6/Tes> 
(consultado en agosto de 2008).
15 Mayorga F. El gobierno de Evo Morales: entre nacionalismo e indigenismo. Nueva Sociedad 206 (2006) 6. Disponible en Internet en:
<http://www.nuso.org/upload/articulos/3390_1.pdf> 
(consultado en septiembre de 2008).
16 Santa Cruz llamó a referéndum el 4 de mayo de 2008; Pando y Beni el 1 de junio de 2008 y Tarija el 22 de junio de 2008.
17 Cabe recordar que desde el siglo XIX, tras la derrota de Bolivia en la Guerra del Pacífico, el país andino mantiene una firme postura de reivindicación marítima.
18 Para mayor información consultar: Acta de la reunión binacional de integración energética entre la República de Bolivia y la República Argentina. Disponible en Internet en:
<http://www.cbh.org.bo/es/documento/actareunionbinacionalentreargentinaybolivia.doc> (consultado en agos­to de 2008).
19 Morales y Kirchner firman acuerdo gasífero por veinte años. Noticia publicada en La Tercera. Disponible en Internet en:
<http://www.tercer.cl/medio/articulo/0,0,3255_5676_233388971,00.html> 
(consultado en agosto de 2008).


B I B L I O G R A F Í A


Gavaldá Palacín M. Los conflictos ambientales del gas boliviano. Íconos 21 (2005). Disponible en Internet en:

http://168.96.200.17/ar/libros/ecuador/flacso/iconos/ICONOS%2021/Iconos21COMPLETA.pdf#page=57

Gavaldá Palacín M. Repsol, la Guerra del Gas en Bolivia. Ecología y Política 26 (2003). Disponible en Internet en:
http://www.ecologiapolitica.info/ep/26.pdf#page=125

Mayorga F. El gobierno de Evo Morales: entre nacionalismo e indigenismo. Nueva Sociedad 206 (2006). Disponible en Internet en:
http://www.nuso.org/upload/articulos/3390_1.pdf


Murphy M. Mesa no vetó Ley de Hidrocarburos. Disponible en Internet en:
http://www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4557000/45 57659.htm

Quijano A. Estado-nación y movimientos indígenas en la región andina: cuestiones abiertas. OSAL 19, año VII (2003).

Recce J. La significación del gas para la construcción de la política exterior boliviana. E-Book 2, CAEI (2006). Disponible en Internet en:
http://www.caei.com.ar/ebooks/ebook2.pdf


Tapia L. La cuarta derrota del neoliberalismo en Bolivia. OSAL 17, año VI, (2005). Disponible en Internet en:
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal/descargables/andinatapia.pdf/view


Villegas Quiroga C. Rebelión popular y los derechos de propiedad de los hidrocarburos. OSAL 12, año IV (2003).



Natalia Ceppi
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
nataliaceppi@yahoo.com.ar




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