Ir a inicio de: Elementos

Buscar en Elementos:

Elementos No. 71, Vol. 15, Julio - Septiembre, 2008, Página 19
Campesinos, la milpa y el maíz

Anamaría Ashwell                 Descargar versión PDF

Artes de México 78

Artes de México 79

ARTES DE MÉXICO 78 y 79


Quiero ponerle al mal tiempo buena cara. Primeramente porque estamos hoy en la presentación de una revista –Artes de México– que celebra el lado luminoso de la producción artística de los pueblos mexicanos; en particular, las ediciones números 78 y 79 que presentamos hoy, donde se documenta con textos y fotos la cultura campesina que crece con el maíz en la milpa de temporal.1
    Y segundo porque el mal tiempo se está poniendo tan malo, pero tan malo –para muchos de esos pueblos creadores del arte que adorna las páginas de Artes de México– que por primera vez en mi quehacer como antropóloga pienso que si los campesinos y el maíz siguen a la intemperie, difícilmente sobrevivirán.
    Para ponerle buena cara al mal tiempo necesito entonces contarles qué tan mal está el temporal no sólo en la milpa, sino para los campesinos que viven de ella.
    A finales de la década de los ochenta y comienzo de los noventa del siglo pasado, cuando yo me despedía de un viejo y combativo agrarista totonaca llamado Don Celes, en La Pahua –en el municipio de Pantepec en la Sierra Norte de Puebla–, el viejo sistema de un Estado mediador que repartía más tierras de las que había en el territorio nacional a los pueblos campesinos como el de Don Celes, se había agotado.
    La Secretaría de la Reforma Agraria liquidó el artículo 27 constitucional y ese ogro –más ogro que filántropo– que desde el Estado controlaba la asignación de tierras a los campesinos milperos, así también los créditos, seguros, insumos, y además alentaba formas comunitarias de organización campesina con finalidades más bien clientelares, finalmente desapareció.
    El vacío que dejó el Estado, sin embargo, se quedó vacío. Ni desde el mercado llegaron inversiones a los antiguos ejidatarios –ahora pequeños propietarios–; ni los campesinos milperos se transformaron en “pequeños empresarios agrícolas”; ni fue transparente, expedita, ni justa, en muchos casos, la certificación de los predios ejidales a sus nuevos propietarios y así, con el tiempo, los campesinos milperos crecieron en números demográficos absolutos hasta llegar a 24.7 millones en el año 2000. Abandonados a su suerte empezaron a ejercer una nueva e insostenible demanda sobre unas parcelas que disminuían en tamaño y rendimiento además de enfrentar un mercado laboral asalariado contraído que tradicionalmente servía para subsidiar la producción y vida en la milpa. En otras palabras, los campesinos milperos se volvieron cada vez más pobres al grado de que su sobrevivencia estuvo y está en riesgo.2
    La sociedad mexicana se olvidó de ellos; no sólo porque se habían acabado las tomas de tierras en demandas de asignaciones ejidales que la prensa se encargaba de difundir, sino porque las políticas públicas hacia el sector rural se orientaron a partir de entonces hacia los “empresarios del campo”; los campesinos, o los pequeños productores de maíz, cuya economía familiar de autosubsistencia dependía del cultivo diversificado dentro de la milpa, la cría de animales, la mano de obra familiar, y se caracterizaba por un consumo e intercambio mínimo en el mercado, desaparecieron de la preocupación nacional.
    En verdad no nos volvimos a ocupar de ellos hasta que nos dimos cuenta de que habían desaparecido –literalmente desaparecido– de sus comunidades y en sus lugares llegaban crecientes remesas de dólares para sostener la vida de los parientes que por razones de edad o salud se quedaron a cuidar la milpa familiar: 4.5 de cada 10 migrantes, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable de la Cámara de Diputados, son esos campesinos milperos que se fueron al otro lado. Sólo en Puebla las remesas de los que emigraron contabilizan el 41% del presupuesto estatal: 16 mil millones de pesos que ellos invirtieron en Puebla –casi la mitad proveniente de pequeños campesinos milperos– en el año 2007, según cifras del Banco de México.
    México pierde hoy mil personas en edad productiva todos los días, según el Colegio de la Frontera Norte, ya que el 80% de los 12.5 millones de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos tienen entre 14 y 44 años de edad.
    La milpa hoy la cuidan hombres mayores cuya edad promedio es de 57.4 años mientras los jóvenes no alcanzan ni el 3% de la población rural.
    Pero desde la década de los ochentas hasta la actualidad los campesinos milperos y sus familias no sólo emigraron y siguen emigrando al norte, sino que se trasladaron también a las ciudades: México concentra hoy el 80% de su población en zonas urbanas. Basta comparar las cifras con los censos de los años ochenta: entonces la población rural comprendía el 55% de la población nacional.
    Según datos de la Procuraduría Agraria, persisten 5.3 millones de pequeños campesinos en el medio rural mexicano; aproximadamente 3 millones son campesinos milperos que tercamente siguen cultivando, en parcelas menores de 5 hectáreas, el maíz en forma tradicional y entre los cuales apenas 168 mil son menores de treinta años. En total cultivan 21.6 millones de hectáreas.
    Estas cifras son escandalosas, inadmisibles y de injusticia vergonzosa para cualquier país, pero mucho más para México, tierra de las culturas que domesticaron el maíz: hoy tenemos en México milpas despobladas de jóvenes y de esperanzas a futuro; culturas y tradiciones que se quedan sin pueblos que las practiquen y perpetúen; y si no hubiera una ironía mayor piensen en esta: el dinero que los antiguos campesinos milperos envían e invierten en sus comunidades, engrandece el magro gasto social de un Estado que implementó las políticas públicas anticampesinas que los obligó a emigrar; y mantienen sueldos de burócratas y políticos que sólo se sirvieron o sirven de ellos como acarreados.
    El gasto social del Estado mexicano está hoy subsidiado por campesinos milperos que, empobrecidos, tuvieron que dejar sus milpas y su patria; ellos, que son los que crearon, evolucionaron y otorgaron belleza estética y cultural a la siembra y gastronomía del maíz que nos deleita a todos los mexicanos.
    El mal tiempo se ha tornado hace ya largo tiempo, para los campesinos milperos, en un huracán. Pero ese huracán está arrasando con todo el sector rural mexicano, porque desde comienzos de los años noventa del siglo XX nuestros gobernantes simplemente le dieron la espalda al campo y decidieron poner a competir en el mercado agroindustrial global a peras con manzanas.
    En el capítulo agropecuario, los países firmantes del Tratado de Libre Comercio, en 1994 –México, Canadá y Estados Unidos–, se concedieron un periodo de gradual desgravación para aquellos productos agropecuarios sensibles a sus respectivas economías. Canadá protegió sus productos lácteos, Estados Unidos la naranja y el azúcar, y a sabiendas de que podría acelerarse la migración rural ilegal hacia Estados Unidos fueron los propios negociadores norteamericanos los que no se opusieron a un periodo de desgravación de quince años –con dos de gracia– para el maíz y el frijol mexicano. El Gobierno mexicano se comprometió por su parte a implementar políticas públicas que transformarían en competitivos a los agricultores mexicanos. Se acordaron entonces cupos de importación para el maíz y el frijol con aranceles iniciales de 225% para los excedentes en las cuotas de importación de estos dos granos sensibles para México. En 1996, Zedillo triplicó esas cuotas de importación, pero, además, los excedentes se introdujeron sin gravámenes: entre 1994 y 2007 se importaron 44.5 millones de toneladas de maíz por encima de las cuotas pactadas. Después llegó la crisis de 1994 y el Estado, en los hechos, congeló –en cualquier sentido práctico de la palabra– el grueso de los recursos dirigidos al campo, mismos que se había comprometido a invertir para transformar este sector con la firma del Tratado de Libre Comercio.
    En primer lugar, ¿cómo pensaron nuestros políticos que se podía poner a competir a campesinos maiceros, el 85% con parcelas menores a las 5 hectáreas y con rendimientos entre 2.5 y 5.6 toneladas por hectárea con siembra tradicional, contra farmers norteamericanos cuyas “parcelas” tenían un promedio de 270 hectáreas y rendimientos de 8.6 a 10 toneladas con altos insumos de agrotóxicos y maquinaria?
    ¿Cómo pensaron que podían convertir a campesinos milperos cuya forma de sembrar, consumir y ritualizar el maíz y el frijol no sólo carecía de los enormes subsidios que recibían los farmers norteamericanos y cuya tecnología, uso de agroquímicos, e infraestructura de transportación a mercados, eran inexistentes, pero sobre todo indeseables e impracticables entre ellos?
    Uno puede sospechar hoy que nuestros políticos, negociando en el mercado global el capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio, creyeron que México era Alemania; o que intencionadamente decidieron no entendérselas con unos campesinos milperos que les resultaban inentendibles, incalculables e impredecibles. Quizás calcularon que la migración –que no expulsión– al norte resolvería coyunturalmente el problema político y social que les significaría si los campesinos protestaban, y que con esa válvula de escape, sin presiones políticas, se podía hacer como si no existieran.
    Así, el compromiso de elevar la competitividad de los agricultores mexicanos firmado en el Tratado de Libre Comercio se concentraría –como sucedió, además, con una política sin rumbo y sin recursos suficientes– en fortalecer a los empresarios agrícolas mexicanos.
    Esa política pública resultó también bastante ineficiente: era imposible igualar las condiciones de producción de nuestros empresarios agrícolas para que compitieran con los altamente subsidiados farmers americanos en la siembra industrial del maíz. Sólo un dato reciente basta para dar la idea de que nuestros gobernantes no tienen ni tuvieron muchas ideas: el presupuesto de 204 mil millones de pesos que el Gobierno federal actualmente tiene destinado para elevar la competitividad y productividad del campo mexicano ha sido subutilizado. 76 de 157 programas destinados a dar apoyo al sector agrícola se ejercieron por debajo de su presupuesto, y el Programa Emergente para la Competitividad de la Producción del Maíz se ejerció sólo al 86.5% según admitió la propia Secretaría de Agricultura (datos publicados en el periódico Reforma del 26 de febrero de 2008).
    Esta situación ha dejado en desventaja –y bastante enojados– a los empresarios agrícolas mexicanos, especialmente a los productores de maíz en Sinaloa y Tamaulipas, región donde se produce el 50% del grano mexicano que se comercializa en el mercado del Tratado de Libre Comercio. Se trata de 25 mil agricultores que siembran maíz en un millón de hectáreas y que buscan aprovechar el precio a la alza así como la creciente demanda de maíz a nivel mundial para forrajes, combustibles y otros usos comestibles e industrializados. El precio del maíz se redujo 51% con la importación de los granos desde Estados Unidos; sin embargo, los grandes compradores como Maseca y Cargill se rehúsan a pagar los precios mexicanos más altos a pesar de que esta producción nacional de maíz estaba también subsidiada ( 550 pesos por tonelada, más 200 pesos por tonelada para consumidores pecuarios. Ver el periódico La Jornada, 29 de febrero de 2008). Ellos se han agrupado y acordaron –según un comunicado de prensa del 27 de febrero de 2008 (en La Jornada)– que la única salida posible a esta situación es negociar con SAGARPA el elevar un 20% de sus rendimientos sembrando ahora maíz transgénico.
    Lo único que ha resultado de esta errada política pública hacia el campo es que el 1 de enero de 2008 la importación de maíz a México se elevó 1000%. Compradores de maíz como Maseca o Cargill, Minsa, Vizur, casi todas empresas ligadas a transnacionales extranjeras, ejercen ya de hecho un control sobre las políticas públicas que el Gobierno federal implementa en el campo. Y no se ve ningún buen negocio en el futuro para nuestros empresarios agrícolas del maíz, salvo el que le harán a compañías como Monsanto, que tienen patentadas las semillas transgénicas (es decir, estériles) del maíz y otros granos (ver La Jornada, 29 de febrero de 2008: “Fracasó el esquema de SAGARPA…”).
    Los campesinos milperos hace décadas que ya ni son tomados en cuenta por las políticas públicas dirigidas al campo mexicano y, de hecho, están siendo afectados mínimamente por las importaciones de maíz y frijol que ha alentado el Tratado de Libre Comercio con la competencia desleal y subsidiada de la producción de los farmers norteamericanos. Sus relaciones originales y complejas con la tierra, con la siembra y el consumo del maíz arrojan que el 31% de ellos sólo producen maíz para el autoconsumo; el 27% compra maíz en el mercado, pero no lo vende; el 13% compra y vende maíz y el 28% vende maíz, pero no lo compra según encuestas publicadas por Gustavo Gordillo y otros.
    Y este es el maíz, el único maíz, que ellos, ustedes y yo queremos comer. El único que se transforma en una sabrosa quesadilla, en una memela suave de frijol, en unos totopos que no se aposcagüan en la sopa ni siquiera cuando se convierten en chilaquiles con abundante queso añejo y aguacate fresco. Porque son las tortillas de los únicos tacos que sí aguantan mucha crema.
    El peligro para los campesinos milperos es el peligro que implican las semillas transgénicas para la reproducción y siembra de las múltiples variedades de maíz criollo.
    La discusión sobre el maíz transgénico se parece hoy a la que tuvimos por décadas con el cambio climático… no hay nada de eso, invención alarmista de unos ecolocos, decían los científicos pagados por el gobierno de Bush y los grandes consorcios petroleros… hasta que el cambio climático cocinó también a sus detractores.
    No hay ningún peligro, nos aseguran muchos mercenarios de Monsanto y otras corporaciones que citan estudios y pronostican futuros de abundancia y buena salud si consumimos el maíz transgénico. Basta que lo sembremos con cuidado –un plan de manejo establecido por la “autoridad competente”, insisten– utilizando zonas de refugio y contención; separando con trescientos metros este cultivo del de maíces criollos para no contagiarlos. Hablan también de algo que llaman sistemas de georreferencia que al parecer quiere decir que no hay que sembrarlos cerca de las regiones densas con milpas criollas, es decir, de comunidades indígenas, por ejemplo, donde los vientos pueden contaminar las variedades del maíz mesoamericano y no sembrar donde vuelan los pájaros.
    La contaminación del maíz mesoamericano –así adoptemos la postura de Francia que recientemente cerró sus fronteras a semillas transgénicas– el sentido común nos indica que avanza inexorablemente. Se ha detectado contaminación de semillas criollas en Puebla y Oaxaca, y las “autoridades competentes” no pueden cuantificar ni se animan a contar cuánto de los millones de toneladas de maíz importado mensualmente a México sí es o puede ser de semilla transgénica.
    La sobrevivencia del maíz mesoamericano y de los campesinos milperos es lo que ahora está en juego. Tenemos una larga y porosa frontera; tenemos “gobernantes competentes” de los cuales todos desconfiamos; vivimos ya en un planeta globalizado en el cual viaja por avión y en primera clase todo tipo de virus, incluso el más letal; el peligro de la contaminación que volvería estériles las variedades criollas mesoamericanas del maíz es hoy una realidad.
    La buena cara a este huracán la tenemos que poner lado a lado con los campesinos milperos. Eso si queremos seguir comiendo un buen pozole, tlacoyos y sopes.
    Y debemos considerar que la buena cara la están poniendo también del lado de los campesinos milperos los consumidores de los mercados más grandes y ricos del mundo industrializado: la comida orgánica gana terreno, la etiquetación de los productos elaborados con semillas transgénicas ha sido una demanda generalizada que muchos gobiernos han tenido que complacer porque está comprobado: un consumidor educado prefiere alimentos sin transgénicos, así pague más.
    Y cosas insólitas están sucediendo, como por ejemplo, la decisión del dueño del mayor distribuidor de alimentos en el Reino Unido, las tiendas Tesco, Sir Ferry Leahy, quien ha iniciado una campaña que al principio pareció quijotesca, pero que ha tenido consecuencias enormes para otros distribuidores de alimentos en Estados Unidos y Europa: cada uno de los productos que venden sus tiendas –lo anunció en el Foro para el Futuro, el año pasado– tendrá la huella del costo que su producción implicó o ayudó al cambio climático global (ver Michael Specter: “Big Foot”, The New Yorker, 25 de febrero de 2008). La producción de maíz transgénico implica intermediarios humanos y tecnológicos, agrotóxicos a granel también, con una huella ecológica enorme.
    De pronto los mercados de países del llamado Primer Mundo quieren comida que es tortilla de todos los días en la mesa de los “pobres” campesinos milperos: los más famosos restaurantes con cocineros preparados en las más extravagantes escuelas culinarias sirven a sus comensales sólo ingredientes orgánicos o producidos artesanalmente, como el huitlacoche fresco y lechoso recién cosechado; y la tortilla nixtamalizada de maíz azul, rojo o pinto –“asegún” el menú– a precios increíbles que pagan comensales de restaurantes en París, Atenas y Nueva York.
    No canto victoria, pero nuestros esfuerzos y movilizaciones por la etiquetación de los alimentos en México, por la certificación de origen de los productos comestibles mesoamericanos, por denunciar y resistir prácticas de políticos y gobiernos que degradan y empobrecen a nuestros campesinos y comunidades indígenas… protestando por la mala tortilla que nos sirven en un VIPS… podría comprarnos tiempo, comprarle tiempo al maíz –a la hoja santa y a la verdolaga que protegen también las espigas en la milpa– y que nos dona a todos el sabor de los amaneceres de indios mexicanos.
    Tenemos que insistir en que ese es el México que nosotros queremos vivir y el único maíz que queremos comer.

N O T A S

1 Texto leído en la presentación de la revista Artes de México (no. 78 y 79) en la ciudad de Puebla, el 6 de marzo de 2008.
2 Yo les recomiendo dos libros sobre el tema: la investigación llevada a cabo en la Universidad de Berkeley por Gustavo Gordillo, Alan De Janvry y Elizabeth Sadoulet, La segunda reforma agraria de México: respuesta de las familias y las comunidades 1990-1994, FCE (1999); y el libro póstumo de Arturo Warman, El campo mexicano en el siglo XX, FCE (2002).


Anamaría Ashwell.
aashwell@gmail.com



Ir a inicio de: Elementos
Ir al catálogo de portadas